El Municipio presentará un amparo en contra de la compensación a las empresas de gas

11 de oct, 2018 Gobierno

Esto se suma al aumento en las tarifas del gas del 35% para la próxima facturación


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El Dr. Ustarroz informó que, tras el masivo reclamo de la semana pasada ante un nuevo tarifazo en cuotas en el servicio de gas, el Municipio de Mercedes, presenta un amparo en contra de una medida que es considerada ilegal y va en detrimento de los mercedinos. Esto se suma al aumento en las tarifas del gas del 35% para la próxima facturación. Estuvieron presentes Fernando Florella, desde Defensoría del Pueblo y Javier Guevara, integrante del área legal del municipio.

Tarifazo

Como es de público y notorio conocimiento, el día viernes salió la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, la cual plantea, que la población argentina debe compensar a las empresas de gas por la devaluación económica que sufrió el país. Esto se pagaría a partir de enero, en 24 cuotas. Además de los incrementos que ya se vienen pagando, que en el caso del gas, ya llega a más del 1.800 %.

En este sentido, el jefe comunal expuso “no hace mucho tiempo realizamos un amparo entendiendo que el tarifazo era totalmente ilegitimo y arbitrario. Hoy en esa misma línea de ideas vamos a representar al pueblo de Mercedes en una acción de amparo, porque entendemos que esta medida es totalmente inconstitucional, ilegitima y que nuevamente carga sobre el bolsillo de la gente responsabilidades que claramente le deben corresponder a la empresa”.

Y aclaró “no existe un caso donde a una actividad económica se la compense por una devaluación”.

Asimismo, el Dr. Ustarroz informó “nosotros hemos analizado en el 2017 la tasa de rentabilidad de las empresas, tanto de luz como de gas, y hemos encontrado una ganancia exorbitante y eso se debe a la transferencia enorme de recursos que hay de los ciudadanos hacia estas empresas”.

“En un contexto de recesión e inflación como el que estamos viviendo realmente insistir en este tipo de medidas, la verdad nos parece totalmente injusto, arbitrario e ilegitimo” afirmó Ustarroz.  

Desde la Defensoría del Pueblo, que está a cargo de Guido Lorenzino, se realizó una presentación -un recurso administrativo- ante la secretaria de energía pidiendo la nulidad de esta resolución por considerarla ilegal. A partir de esa medida, si no existe respuesta se recurrirá la justicia, acompañando a todos los municipios y bonaerenses, para que se deje sin efecto esta medida ilegal. 

“Esta es una acción que vamos a encarar en conjunto con la Defensoría del Pueblo y que tiene como objetivo simple, cuidar los ingresos del vecino, por un lado, y también, plantear institucionalmente un límite a un avance desmedido que se da sobre la gente y siempre en Beneficio de las empresas”.

Manifestación mercedina

Asimismo, el intendente Ustarroz dijo “nosotros entendemos que debemos accionar rápidamente porque somos muchos los afectados, y así lo manifestaron el día viernes una gran cantidad de vecinos, quienes repudiaron el aumento de las tarifas y el rumbo económico que está condenando a las mayorías a vivir en prejuicio y detrimento de sus posibilidades”.

“Queremos dar un mensaje claro y contundente de que no aceptamos estos tarifazos, por eso iniciamos esta acción que prevé nuestra Constitución Nacional para defender los derechos de todos” determinó el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

Por su parte,  Javier Guevara  , director del área legal municipal, expresó “desgraciadamente, no hay nada que indique que la política de incremento de tarifas se vaya a detener ahora” y añadió “esto fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los usuarios”.

Además, el director destacó “mucho se ha hablado que el secretario de energía, Iguacel funda esta resolución en un decreto de 1992, lo cual es falso, porque la resolución no está contemplada en dicha resolución, que establece cuál es la forma en que se va a incrementar el gas. O sea, al no estar contemplado optó por una solución que era claramente en beneficio de las empresas y en detrimento de todos los usuarios, como ha sido siempre en todas las políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional”.

“Viola el principio cancelatorio, el articulo 880 del Código Civil y Comercial que resuelve que el pago extingue la deuda. En este caso parece que no, con lo cual, todo aquello que se hablaba antes, de la seguridad jurídica que venía a traer este gobierno, claramente es seguridad jurídica para las grandes empresas y en contra de los consumidores” afirmó Guevara.